Roberto Sánchez, un palmero de 66 años, se apoya en uno de los pequeños muros situados enfrente de la Casa Massieu, en Los Llanos de Aridane (La Palma), y observa cómo decenas de personas entran y salen de esta oficina, la encargada de la atención a los afectados por el volcán de Cumbre Vieja. Él ha perdido una «finquita» en la montaña de Todoque, en la que plantaba tubérculos, pimientos y algunas verduras más, tanto para consumo propio como para repartirlas a sus hijos. Bromea, mientras se ajusta la gorra, que antes de que llegara la lava sacó diez sacos de papas del terreno y dejó veinte. «Ya se habrán calcinado», dice.
Roberto vive en Tazacorte y ha llegado a la Casa Massieu porque así se lo ha indicado el Ayuntamiento. Aquí, las trabajadoras sociales de los municipios damnificados han centralizado la recogida de datos de quienes se han quedado con nada. Pero la información recabada hasta ahora no ha ido más allá de lo principal: cuál es la vivienda o finca destruida, dónde está, nombre del propietario… La asistencia letrada, no obstante, no se está ofreciendo. Aunque eso a Roberto tampoco le sorprende. «Es tan difícil. La quiniela es mala. Comida y ropa se consigue, pero cómo me van a decir a mí si me van a dar algo. Yo no pido mucho. Pero tampoco quiero pagar abogados».
La Palma (y el resto de Canarias) contaba con un plan de emergencia volcánica, el tan conocido PEVOLCA, para, en caso de una erupción, evacuar de sus casas a todas los residentes en peligro y crear una estructura jerarquizada que coordinara la toma de decisiones. El PEVOLCA integra a las entidades nacionales, autonómicas y locales y filtra desde un mismo organismo heterogéneo las medidas de protección civil. Hasta el momento ha sido un éxito, ya que no ha habido daños personales desde que se abriera la tierra en la llanura, ahora montaña, de Cabeza de Vaca, en el municipio de El Paso. Sin embargo, las acciones dirigidas a la asistencia social y jurídica han ido aparte. En modo y forma. La abogada del Turno de Oficio de Los Llanos de Aridane, Dulce García, lo explica. «Explota el volcán y al minuto siguiente la activación de seguridad y emergencias es inmediata. Pero en el Archipiélago no existe ese mismo plan para la ayuda social en ningún campo: ni trabajadores sociales, ni psicólogos. Nada de nada. Todo está empezando a conectarse ahora», resume.
A la Casa Massieu ha llegado este miércoles un grupo de cuatro letrados del Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma. Ellos, junto con una veintena más de voluntarios de toda España, también abogados, serán los encargados de asesorar de manera gratuita a quienes aún no saben qué ocurrirá con sus casas sepultadas, con sus terrenos abrasados por la lava o sus fincas dañadas. Roberto es un claro ejemplo. «No tengo ni idea de cómo me van a auxiliar. No me han dicho nada». Pero ahí está, esperando. Y al igual que él se encuentra la mayoría de los palmeros desalojados que deambulan por las calles, los que abren y cierran sus ojos cada día sin saber qué podrán recuperar de su antigua vida, cuándo lo harán y cómo.
El asesoramiento para ellos está dando sus primeros coletazos esta semana, pero puede durar años. Así funcionan los plazos en esto de la justicia. «Tenemos que hablar con los jueces para que aceleren los plazos. Yo he planteado ya una modificación de medidas urgentes para una chica que se ha quedado sin vivienda y me han dado una vista para 2022. Eso no puede ser», lamenta la abogada.
Aun así, este es el pan de cada día en los procedimientos judiciales. Nadie se atreve a confirmar cuándo se resolverá el primer pleito o cuán flexibles serán las instituciones para refundar los barrios sepultados por la lava, como es lo que, en principio, se quiere hacer con Todoque. En Lorca, por ejemplo, se tardó cerca de dos años en poner la primera piedra del edificio Nuevo Ensanche, que tuvo que ser demolido por los daños del terremoto del 10 de mayo de 2011.
Los abogados palmeros, conscientes de la complejidad de los procedimientos que se les avecinan, se remangan las camisas. Dulce García, acomodada sobre la mesa marrón de la oficina que le han habilitado a ella y a sus colegas abogados en la Casa Massieu, narra las diferentes consultas que se podrían encontrar en los próximos días. Desde una persona que ha perdido su parcela y las delimitaciones las marcaban una piedra, una higuera y una tunera (en La Palma, mucha gente no tiene georreferenciada su parcela y los «puntos cardinales» de la misma los determinan estos elementos paisajísticos) y se encontrará, en unos meses, con un malpaís de diez metros de alto donde no habrá ni piedra, ni higuera ni tunera. A cómo enfrentarse, entre otras cosas, a las cenizas, si son un daño directo o no de la erupción. De momento, el Colegio de Administradores de Fincas de Santa Cruz de Tenerife ya ha dicho que los gastos por la limpieza de la arena volcánica son consorciables. Y todos pueden reclamar, incluso el Aeropuerto de La Palma.
Estos abogados de trincheras todavía no saben qué se les vendrá encima. El decano del Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma, Juan Antonio Rodríguez, reconoce que «son muchas las cuestiones abiertas y no se puede prever con absoluta certeza todas aquellas que se plantearán». Habrá cursos de formación, pero Rodríguez admite que esta catástrofe natural ha suscitado «notables cuestiones jurídicas» sin siquiera saber por qué lucharán los palmeros. O si serán avispados, como sugiere García, y buscarán las rendijas para pelear por los perjuicios indirectos del volcán. Pone un ejemplo: «El Hotel Sol, en Puerto Naos, no se lo llevará la lava, pero está cerrado por el volcán. Ellos, si quieren, pueden acudir al Consorcio de Compensación de Seguros porque es imposible acceder al hotel. El Consorcio dirá que no, que no se hace cargo. Pero yo eso lo pleitearía».
Los abogados han planteado la creación de cuatro grupos especializados de trabajo para el asesoramiento de las problemáticas más comunes: el inmueble perdido con seguro, que está por ver cuántos son teniendo en cuenta que en Canarias menos del 50% de las familias tienen asegurada su casa; los domicilios que no están asegurados, «que van a ser muy numerosos», apostilla la abogada; todo lo que tenga que ver con afección a fincas rústicas y agricultura y también las pérdidas de beneficios de locales, autónomos y empresas.
Esa, en principio, es la foto general de la hecatombe. Pero García continúa relatando casos concretos que se dan en La Palma que dificultarán aún más el reconocimiento de la titularidad de los bienes destrozados. Saca a colación el ejemplo de la famosa Calle de los Veintisiete, en Todoque, que en un primer momento solo albergaba una vivienda orientada hacia la carretera pero ahora, dice, con alrededor de cinco domicilios, es una pequeña comunidad con 27 residentes donde todos son familia y hoy, también, afectados por el volcán. «Esa gente solo tenía registrada la primera casa. Las otras cinco no. Ni declaradas ni catastradas. No tienen recibos de agua ni luz ni manera de demostrarlo porque todos se engancharon al domicilio principal. No tienen manera de acreditar nada». En contraposición, los que sí puedan probar que la finca es suya no tendrán problema, asegura la abogada, en recuperar su terreno. Da igual que la lava lo hubiera enterrado. «Cuando yo pueda volver a mi finca después de todo, ¿seguirá siendo mía? Sí, claro, ¿cómo que dominio público y que la colada es propiedad del Estado? Eso habrá que verlo», avisa.
