El acuerdo para renovar el Tribunal Constitucional dibuja un cambio de escenario a corto plazo en un año en el que los magistrados tienen deliberaciones de máxima importancia por delante. La entrada y salida de dos magistrados progresistas y dos conservadores consolida los bloques en un organismo que ha sido incapaz de sentenciar por unanimidad asuntos como el primer confinamiento o las condenas de los presos del procés. El pacto de PSOE y PP deja en el aire el pleno de la semana que viene y, sobre todo, retrasa salvo sorpresa la sentencia sobre la Ley del Aborto, pendiente de resolución desde hace una década. La próxima renovación está prevista para junio del año que viene con cuatro candidatos propuestos no por las cámaras, sino por el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial.
Sobre el papel las mayorías y los bloques tradicionales del pleno no se ven afectados ahora: salen dos magistrados progresistas y dos conservadores y entran otros cuatro en la misma proporción. Juan Ramón Sáez e Inmaculada Montalbán sustituyen a Fernando Valdés y Encarnación Roca mientras que Concepción Espejel y Enrique Arnaldo hacen lo propio con los sillones que dejan el presidente Juan José González Rivas y Andrés Ollero. Se mantiene, por tanto, la existencia de siete magistrados considerados conservadores y cinco progresistas. Pero la realidad de las últimas votaciones en asuntos de relevancia pública invitan a hacer otros cálculos.
El sector progresista del Constitucional tenía una baja desde octubre de 2020. El magistrado Fernando Valdés Dal-Ré, propuesto en 2012 por el PSOE, dejó su cargo después de ser detenido e imputado bajo la acusación de agredir a su esposa en su casa de Madrid. Eso provocó que el pleno contase sólo con once magistrados y un magistrado de menos del sector considerado progresista en casos como el primer estado de alarma o las condenas por sedición a los presos del procés catalán. De la misma manera finaliza su mandato la vicepresidenta Encarnación Roca, magistrada propuesta en su momento por el Parlament de Catalunya y que en las últimas votaciones se ha posicionado a favor de los recursos de Vox en casos como el confinamiento de la primera ola.
Dos cambios de calado que trastocan la aritmética reciente del sector progresista. Las dos nuevas incorporaciones a propuesta del Partido Popular también dibujan dos perfiles más cercanos al partido: dejan el pleno el presidente Juan José González Rivas y el catedrático y exdiputado del PP, Andrés Ollero, para dar entrada a Concepción Espejel y Enrique Arnaldo. Los dos magistrados salientes han firmado incluso votos particulares contra las sentencias que han tumbado el primer confinamiento a petición de Vox. Esto también provoca un corrimiento de tierras con la elección de un nuevo presidente y con Pedro José González-Trevijano como el mejor posicionado aunque su mandato expira a mediados del año que viene.
Todos estos movimientos dejan en el aire la composición del pleno que estudiará asuntos de gran relevancia en las próximas semanas. Juan José González Rivas tiene que decidir si mantiene o levanta la convocatoria de la semana que viene, donde los magistrados y magistradas van a estudiar casos como el recurso de Vox contra las medidas del segundo estado de alarma, el recurso también de la formación ultraderechista contra la conocida como ‘Ley Celaá‘ o la composición de la Asamblea de Madrid. En los dos primeros casos, los ponentes apuestan por estimar las peticiones de Vox y, por ejemplo, declarar inconstitucional el toque de queda del segundo estado de alarma o también obligar al Gobierno a sufragar los colegios que segregan por sexo.
El pleno para sentenciar estos casos está previsto para el 26 de octubre, es decir, el mismo día en que se cierra el plazo para que los partidos presenten las candidaturas en el Congreso y el Senado. Si el presidente saliente decidiese suspender la cita y retrasar las deliberaciones hasta que se haga efectiva la renovación sólo cambiaría la aritmética de los sectores conservador y progresista: los ponentes de estos tres recursos no forman parte del grupo de magistrados en proceso de renovación. Lo que sí cambia es la distribución de ambos bloques en un año en que las votaciones han sido más ajustadas que nunca.
La renovación sí incidirá directamente en una de las deliberaciones más añejas en las más de cuatro décadas de existencia del tribunal: el recurso que el Partido Popular presentó en 2010 contra la Ley del Aborto del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, vigente en la actualidad. Salvo un acelerón drástico de su tramitación tras una década en el cajón, el caso será votado por el pleno renovado y eso implica un cambio en el ponente: el catedrático Andrés Ollero, magistrado desde 2012 y diputado del PP entre 1986 y 2003 abandona el tribunal de garantías sin haber presentado su ponencia al pleno.
Otra circunstancia que puede marcar el desarrollo de varias deliberaciones a lo largo de los próximos nueve años es la cercanía de Concepción Espejel, actual presidenta de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, al Partido Popular. En 2015 y 2016 ya fue apartada de varios juicios de la trama Gürtel al considerar que, en su momento, fue vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del Partido Popular y votada en el Senado por el propio Luis Bárcenas. Está por ver si estos mismos argumentos son desarrollados para apartar a Espejel de recursos y casos que afecten a la formación conservadora o de los recursos que presente.
En ese sentido los cuatro candidatos pactados entre el Gobierno y el PP han pasado por el órgano de gobierno de los jueces a propuesta de un partido político en la última década. Juan Ramón Sáez Valcárcel, compañero de Espejel en la Audiencia Nacional, fue vocal del CGPJ a propuesta de Izquierda Unida, Inmaculada Montalbán lo fue a propuesta del PSOE y Enrique Arnaldo a propuesta del Partido Popular.
La renovación de una tercera parte del Tribunal Constitucional llega en un momento en que el tribunal de garantías se ha ubicado en las antípodas de la unanimidad. Cada decisión sobre un asunto de relevancia política se ha convertido en una votación ganada, como mucho, con dos votos de diferencia y la cascada de votos particulares es incesante a un lado y otro del pleno. Especialmente enconadas han sido las deliberaciones sobre la pandemia y las medidas tomadas tanto por el Gobierno como por la Mesa del Congreso: cinco magistrados de ambos sectores han emitido hasta siete votos particulares dejando por escrito discrepancias profundas sobre la proporcionalidad de medidas como el confinamiento domiciliario del primer estado de alarma.
En ambos casos una mayoría conservadora, con la suma de Encarnación Roca, ha sacado adelante sentencias favorables a los argumentos de Vox. En el caso del confinamiento y el primer estado de alarma, la mayoría del pleno entendió que supuso la suspensión del derecho a la libre circulación de los españoles y que el paraguas legal del estado de alarma era insuficiente: para ellos hubiera sido necesario declarar el estado de excepción. En el caso de la suspensión de plazos de la Mesa del Congreso durante las primeras semanas de la primera ola, la mayoría del pleno entendió que la medida cercenó los derechos políticos de los diputados ultraderechistas y reprocharon al organismo que dirige Meritxell Batet que no buscase alternativas.
Dos sentencias que se encontraron con graves discrepancias de cinco magistrados repartidas en siete votos particulares. María Luisa Balaguer, Juan Antonio Xiol y Cándido Conde-Pumpido lo hicieron junto Juan José González Rivas y Andrés Ollero. En el caso del primer estado de alarma, los discrepantes entendieron que el derecho a la libre circulación había quedado limitado pero no suspendido, y además de manera plenamente justificada. En el segundo caso los discrepantes argumentaron también que los derechos de los diputados de Vox no se vieron cercenados por suspender los plazos de las iniciativas parlamentarias durante algunas semanas. Consideraron, incluso, que habían tenido multitud de alternativas para ejercer el control al Gobierno.
Está por ver cómo se desarrollan las deliberaciones sobre el segundo estado de alarma, nuevamente provocadas por un recurso de Vox. El partido de ultraderechista recurre varias medidas clave como el toque de queda nocturno, las limitaciones a la movilidad entre comunidades autónomas o las restricciones en los lugares de culto, entre otras. Medidas mucho menos severas y estrictas que el primer confinamiento que declararon inconstitucional y que, además, contaban con muchas más alternativas en la normativa que en el primer caso.
El Tribunal Constitucional no se renueva de golpe cuando acaba el mandato. Sus doce miembros tiene cada uno un mandato de nueve años y se renuevan de cuatro en cuatro cada tres años. Los cuatro magistrados que abandonarán próximamente el pleno entraron en 2012 y llevaban ya, por tanto, dos años de más en el Tribunal Constitucional: eso significa que los cuatro entrantes tendrán dos años menos de mandato. Los siguientes en la lista tienen previsto el final de su mandato en junio del año que viene: los conservadores Antonio Narváez, Santiago Martínez-Vares y Pedro José García-Trevijano además del progresista Juan Antonio Xiol. Eso también obligaría a cambiar la presidencia de nuevo.
Las negociaciones, por tanto, tendrán que retomarse en menos de un año. Los cuatro puestos recién acordados proceden del Congreso y el Senado, pero los cuatro siguientes se corresponden con los dos propuestos por el Consejo General del Poder Judicial y los dos que corresponden al Gobierno. Está por ver cómo queda entonces la composición del pleno: si para entonces el órgano de gobierno de los jueces ha sido renovado y si el ejecutivo de coalición propone candidatos que rompan la actual aritmética con una mayoría progresista.
