El Gobierno ha logrado este jueves un amplio apoyo parlamentario para una nueva prórroga de los ERTE, en esta ocasión hasta febrero de 2022, aprobada por el Consejo de Ministros hace dos semanas tras el acuerdo entre el Ejecutivo, los sindicatos y la patronal. Todos los grupos del Congreso, excepto Vox –que ha anunciado su abstención–, han respaldado la convalidación del real decreto del Gobierno, que también incluye el acuerdo con los agentes sociales para extender también las ayudas de ‘paro’ de los autónomos por la pandemia.
Durante la defensa del texto, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que «la protección de los ERTE sigue siendo necesaria» a pesar de la mejoría de la pandemia y ha enfatizado que ese mecanismo ha permitido «la recuperación de la economía más rápida de la historia».
Tal y como se aprobó por el Gobierno en su reunión del pasado 28 de septiembre, la prórroga negociada se aplicará en dos fases. Inicialmente se amplía un mes el actual sistema de ERTE, hasta el 31 de octubre, para dar tiempo a las empresas a volver a tramitar la solicitud de esos mecanismos, porque en esta ocasión no será automática. La idea es que las empresas tengan que volver a solicitar ante la autoridad laboral este mecanismo de protección del empleo para que haya más control frente a los casos de fraude.
La segunda fase de la prórroga comenzará el 1 de noviembre, hasta el 28 de febrero, cuando empezarán a aplicarse las nuevas condiciones negociadas con los sindicatos y patronales mayoritarias en los últimos días. En esta prórroga, la formación tendrá un papel central, sobre todo en las empresas de más de diez trabajadores, pero no es obligatoria para que las compañías se puedan acoger a las ayudas a la cotización, como pretendía el ministro José Luis Escrivá en un inicio.
La protección por desempleo de los trabajadores en ERTE se mantendrá en el 70% de la base reguladora (referencia similar al salario), como hasta el momento, y seguirán teniendo acceso a la prestación quienes no hayan cotizado lo suficiente para ello. El llamado ‘contador a cero’ por el que los empleados en ERTE no consumen el paro percibido hasta el momento en caso de ser despedidos, se ampliará hasta el 31 de diciembre.
Durante el debate de la iniciativa el Gobierno y, en concreto, la ministra Díaz, han recibido duros reproches por parte de la bancada de la derecha, que ha acusado al Ejecutivo de haber aprobado la prórroga de los ERTE sin hablar con los partidos y «al margen» del Parlamento. No obstante, PP y Ciudadanos han anunciado su apoyo a la iniciativa y solo Vox ha asegurado que se abstendrá.
La anécdota del debate la ha protagonizado el diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, que ha tomado la palabra para defender la convalidación del decreto apenas unos minutos después de que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, haya recibido una comunicación del Tribunal Supremo comunicándole la condena al parlamentario del grupo confederal por delito de atentado a agente de la autoridad, «para su conocimiento y efectos oportunos». «Espero que sea su última intervención», le ha dicho después Iván Espinosa de los Monteros, de Vox.
