«España no está en bancarrota». Con esas palabras ha rechazado Pedro Sánchez los malos augurios que presagia Pablo Casado cuando se acerca la mitad de la legislatura y el Gobierno empieza a ver la luz al final del túnel de la pandemia. Ha sido durante la sesión de control en el Congreso apenas tres horas antes de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, solemnizara la entrega de los Presupuestos Generales del Estado de 2022 con los que la coalición quiere dejar atrás los meses más duros de la COVID-19 que, además de miles de vidas ha supuesto una carísima factura económica al país. Los fondos europeos diseñados para sortear la crisis con políticas expansivas que rectifican la era de la austeridad permiten al Ejecutivo presentar las cuentas con más gasto de la historia. 40.238 millones para inversiones, 11.000 de ellos en infraestructuras; una partida para educación que supera por primera vez el umbral de los 5.000 millones; cifra récord para cultura; 12.500 millones destinados para los jóvenes… Son las grandes cifras que alientan a una coalición, la primera en 100 años, que se vio sorprendida por una pandemia nunca vista a los tres meses de llegar al poder. El objetivo, tras el éxito de la vacunación, repetían el presidente y sus ministros era pasar página a la crisis en la segunda mitad del mandato. Y el reto inminente que se marca es desmontar la reforma laboral del PP, un compromiso recurrente del Gobierno, que había pactado por escrito con sus socios parlamentarios pero difícil de implementar durante los meses de erte y destrucción de empleo, consecuencia de parar la actividad de casi un país entero.
Moncloa ha priorizado las medidas económicas y sociales en su plan de acción para lo que queda de año, aparcando otras promesas pendientes, como la reforma del Código Penal o la derogación de la ley Mordaza. Sánchez quiere pisar la calle y ofrecer resultados concretos más allá de las batallas políticas que, tal y como le dijo al líder del PP hace dos semanas, tienen a los españoles «hasta la coronilla». Y para eso se centrará en el mantra de la «recuperación justa» y en enfatizar medidas como el bono joven para cultura, los 250 euros para ayudas al alquiler o el aumento de las becas. Todo con el viento de cola de una Europa, que de momento ha dejado atrás la austeridad y las recetas de la crisis de 2008.
«Vamos a aprovechar al máximo la oportunidad histórica que suponen los fondos europeos para garantizar que esa recuperación justa sea a la vez una transformación de nuestro país hacia un modelo más sostenible medioambientalmente, que garantice la igualdad real entre mujeres y hombres y que aproveche la digitalización para reindustrializar nuestro país», le dice el secretario general a la militancia del PSOE en una carta en la que asegura que España está en un «punto de inflexión».
A pesar de que el Gobierno cifra en un 42% el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos (fundamentalmente en el acuerdo programático de PSOE y Unidas Podemos), el año y medio de pandemia ha supuesto un parón en la ejecución de algunos de ellos provocando recelos de la mayoría de socios parlamentarios, que reclaman desde hace meses al Ejecutivo que se ponga las pilas en asuntos como la derogación de la reforma laboral.
Y es ahí donde la coalición ha marcado en rojo su siguiente hito: tumbar los aspectos más lesivos de la legislación que impulsó el PP y aprobar un nuevo marco para las relaciones laborales. Nada más pactar los Presupuestos –que supusieron una victoria a medias para Unidas Podemos respecto a la ley de vivienda, pero a costa de hacer renuncias como la prestación por crianza, la tasa morada, el aumento de los permisos de maternidad y paternidad a seis meses e incluso la ley mordaza–, Yolanda Díaz ha pisado el acelerador en el que es su compromiso ineludible para 2021.
El Ministerio de Trabajo ha puesto este miércoles sobre la mesa del diálogo social un nuevo documento de propuestas en la negociación de la nueva legislación laboral. La batalla contra la temporalidad, uno de los aspectos que más preocupa tanto en España como en la UE, es una de las prioridades para el Gobierno. Tal y como ha adelantado elDiario.es, Trabajo plantea que los contratos temporales queden limitados al 15% «de la plantilla anual de cada empresa». El Ministerio aboga, además, por recuperar la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa en los salarios entre los elementos para desmontar la legislación laboral de Rajoy y otras medidas para «europeizar» el mercado de trabajo y evitar los despidos masivos ante crisis o incertidumbres en las empresas, a través de un mecanismo de ERTE permanente (el MSE), entre otras medidas.
Yolanda Díaz es consciente de que se tendrá que fajar en la negociación con los sindicatos y la patronal tras sumar varias victorias de las que el Gobierno saca pecho al alcanzar más de una decena de acuerdos en lo que va de legislatura, entre ellos seis prórrogas de los ERTE por la pandemia. Convencer en esta ocasión a los empresarios va a ser muy complejo. Los sindicatos lo consideran casi imposible en lo que supone el desmontaje de la reforma de 2012, aunque consideran que hay algunas opciones de un acuerdo parcial en asuntos que interesan mucho a los empresarios, como el mecanismo de ERTE permanente (MSE), que podría tener ayudas para las compañías como ha ocurrido con los ERTE durante la pandemia.
Las patronales ya marcaron distancias con el Ejecutivo de coalición en la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que el Consejo de Ministros aprobó a finales de septiembre –tras un importante tira y afloja interno– y que Sánchez anunció nada más volver de vacaciones. Ahí comenzó la nueva etapa: una vez conseguida la inmunidad de rebaño, el país se tenía que encaminar hacia el crecimiento económico y este debe llegar a todos, según las consignas monclovitas.
Pero si el Gobierno se tensionó ante el descuelgue de la patronal para ese acuerdo, más difícil aún será la negociación de la reforma laboral que el PP diseñó a gusto de los empresarios. En un acto sobre empleo a finales de septiembre, Sánchez apostó por dirigir el mercado laboral hacia la transformación digital y la transición ecológica, que situó como ejes de la «nueva economía». «Eso va a exigir a los gobiernos, sindicatos y empresarios un diálogo intenso y constructivo sobre cuáles deben ser las políticas activas de empleo, renovar nuestro marco laboral e impulsar la colaboración público-privada», avisó.
En todo caso, el PSOE también ha asumido que la contrarreforma laboral es una prioridad que ya no puede esperar más y un compromiso que, de no salir adelante, le situaría en una complicada situación con sus aliados de izquierdas fuera del Gobierno que todavía no han dicho sí a sus cuentas públicas. Más allá de haberlo sellado en los acuerdos de la investidura, los socialistas reafirmaron la promesa en las posteriores negociaciones presupuestarias e incluso para conseguir los cinco votos de EH Bildu en una de las prórrogas del estado de alarma. No obstante, tendrá que hacer equilibrios también con el PNV, un socio preferente para Sánchez, que siempre ha pedido cautela en aquellas cuestiones que afectan a la patronal.
A pesar de que Yolanda Díaz ha alineado su mensaje sobre la reforma laboral con el de Sánchez, la vicepresidenta segunda tiene claro que acabar con la normativa que impuso al PP es una línea infranqueable para su mandato. «Os digo alto y claro que estamos en el Gobierno para eso», afirmó en un mitin en el 100º aniversario del Partido Comunista en el que dejó entrever su pretensión de hacerlo aunque fuera sin los empresarios. «Es necesario derogar la reforma laboral. Soy clara: lo vamos a hacer. ¿Verdad, Unai? ¿Verdad, Pepe? –les preguntó retóricamente a los líderes de los sindicatos mayoritarios–. Lo vamos a hacer y si no lo hacemos se equivocará el país, se equivocará el Gobierno y se equivocará España».
Esta negociación será la verdadera prueba de fuego para el Gobierno de coalición, que con sus segundos presupuestos tiene asegurado llegar hasta el final de la legislatura, a pesar de que la ministra de Hacienda se haya mostrado convencida de que las cuentas que han llegado este miércoles al Congreso no serán las últimas.
