El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha anunciado este miércoles que impone una multa diaria de un millón de euros al Gobierno polaco hasta que éste no desarticule la Cámara Disciplinaria del Tribunal Supremo, como ordenó la propia alta corte de Luxemburgo el pasado 14 de julio. Esta institución permite expedientar a magistrados por el contenido de sus sentencias, algo que tanto para el TJUE como para la Comisión Europea pone en riesgo la independencia judicial en el país.
“El cumplimiento de las medidas cautelares ordenadas el 14 de julio de 2021 es necesario para evitar un perjuicio grave e irreparable al ordenamiento jurídico de la Unión Europea y a los valores en los que se fundamenta dicha Unión, en particular el del Estado de Derecho”, ha señalado el alto tribunal en un comunicado en el que anuncia la multa. El Gobierno polaco había anunciado la disolución de la Cámara Disciplinaria, pero todavía hoy sigue en funcionamiento.
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Ante el incumplimiento por parte de Varsovia de la decisión del TJUE, la Comisión Europea solicitó a la alta corte la imposición de una multa diaria al Ejecutivo polaco, que es el siguiente paso habitual en los procedimientos de infracción que se abren contra los Estados miembros cuando están incumpliendo los Tratados. Como se esperaba, la alta corte de Luxemburgo acepta ahora la petición de Bruselas, que considera esta desobediencia como una pieza clave en su pulso contra Polonia por la reforma judicial del Gobierno ultraconservador de Ley y Justicia (PiS).
En diciembre de 2017, la Comisión Europea activó por primera vez el artículo 7 de los Tratados, el mecanismo que, en última instancia, puede provocar que un país que está atacando los valores fundamentales, como por ejemplo es la independencia judicial, pueda perder el derecho a voto en el Consejo, que es el órgano en el que se sientan los ministros de los distintos Estados miembros. Sin embargo, para llegar a ese punto, que es el final del camino de ese procedimiento, se requiere de mucha voluntad política y la unanimidad del resto de los Estados miembros, y no hay ninguna de las dos cosas en el seno del Consejo.
Polonia ha ido abriendo nuevos frentes a medida que el artículo 7 ha ido quedando en papel mojado. El último órdago fue la decisión del Constitucional polaco —uno de cuyos integrantes fue escogido de manera ilegal, según una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH), que no forma parte del entramado institucional de la UE— de declarar que los artículos 1 y 19 de los Tratados son contrarios a la constitución del país.
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El movimiento tiene precisamente como objetivo intentar desactivar el papel que tiene el TJUE, como garante de la independencia judicial, en todos los Estados miembros y como intérprete último del derecho de la Unión. Con esa decisión en la mano, a la que el Constitucional llegó por petición expresa del primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, el Gobierno puede defender que está incumpliendo la decisión de Luxemburgo respecto a la Cámara disciplinaria porque está cumpliendo con la decisión de su tribunal Constitucional, que indica que el TJUE no tiene competencias para exigirlo.
La Comisión Europea tiene otra herramienta en su mano, que es la posibilidad de activar el mecanismo de condicionalidad, el cual permitiría congelar los fondos europeos dirigidos a Polonia por su ataque a la independencia judicial. Sin embargo, los Estados miembros ya han indicado que no hay apetito en estos momentos para tomar esa medida. Aemás, una buena parte de las capitales prefieren esperar a que el TJUE resuelva una cuestión presentada precisamente por Polonia y por Hungría para que aclare si ese mecanismo está en línea con el derecho de la Unión.
source El TJUE impone una multa de un millón de euros diarios a Polonia por desobediencia
