«Los tiempos excepcionales exigen medidas excepcionales con carácter de urgencia», afirma el Gobierno español. El Ejecutivo llega a una reunión extraordinaria de ministros de Energía de la Unión Europea en Luxemburgo con un documento de posición que insiste en lo que viene defendiendo España en las últimas semanas. Y lo hace 24 horas después de que Alemania y Holanda hayan difundido otro documento en el que lideran la oposición a la reforma del mercado que piden España y Francia.
La secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen Muñoz, ha dicho a su llegada a la reunión en Luxemburgo, a la que no ha acudido la vicepresidenta Teresa Ribera por encontrarse en el Consejo de Ministros en Madrid: «El mercado eléctrico está experimentando un alza en los precios por el contagio del precio del gas, que va alcanzando máximos históricos día tras día. Por eso España propone la fijación de precios de forma separada, de forma que un consumidor pueda percibir los beneficios de tener un mix cada vez más renovable».
«Cada incremento de +1 EUR / MWh en el precio del gas natural representa 2.700 millones de euros al año en costes de electricidad adicionales para todos los consumidores europeos, desviando recursos de la transición energética y la recuperación económica y cada día empeora», afirma el documento español.
Según España, «esta distorsión de precios no se puede trasladar a los consumidores, especialmente, en tiempos de recuperación económica. Es necesaria una acción europea para evitar asimetrías y garantizar que los Estados miembros trabajen en la misma dirección, evitando diferentes medidas que podrían provocar distorsiones adicionales». Así, el Gobierno afirma: «En situaciones excepcionales, los Estados miembros deben poder adaptar la formación del precio de la electricidad a sus situaciones específicas (mix, recursos, nivel de interconexiones)».
De acuerdo con el documento español, «el precio marginal afecta a las señales de futuros de electricidad y tiene un alto impacto en la inflación, reduciendo la efectividad del mecanismo de cobertura. En estas circunstancias extraordinarias, en lugar de la señal del precio marginal puro (contaminado por los picos en los precios del gas), el precio de la electricidad se obtendría como un precio promedio con referencia al coste de las tecnologías limpias ‘inframarginales’ (particularmente las renovables). El precio de la electricidad estaría directamente vinculado a los mix de producción nacional, al mismo tiempo que protegería a los consumidores de volatilidades excesivas y les permitiría participar de los beneficios que brinda un mix de generación más económico».
España también pide establecer un precio límite para el gas natural: «Fijar un precio límite en el precio de las ofertas de electricidad producida por gas natural. Esta medida requiere una compensación posterior que se recuperará en una etapa posterior».
En su documento, el Gobierno constata que la actual crisis energética revela una serie de fallos del mercado: los productores de gas vecinos no suministran gas al mercado (por razones técnicas o comerciales), mientras que los transportistas de gas de la UE no anticiparon la escasez de suministro. Por tanto, España propone «una plataforma europea centralizada para la compra de gas natural, facilitando la acumulación de reservas estratégicas de gas».
Por último, España pide adoptar medidas para prevenir la especulación financiera en los mercados del CO2 (ETS) europeos: «Es preocupante el fuerte aumento que ha experimentado el precio de los derechos de emisión este año, así como la alta volatilidad que se observa en el mercado. La creciente volatilidad y la imprevisibilidad de los precios del carbono pueden atenuar la señal económica y, en última instancia, reducir su eficacia. En este contexto, deben explorarse distintas opciones, entre ellas restringir la participación de las entidades financieras y modificar las circunstancias que puedan desencadenar un aumento de la oferta de derechos de emisión de la UE».
