La Audiencia Nacional concluye que la instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad que, el pasado agosto, dio inicio a la devolución ilegal a Marruecos de decenas de menores migrantes que llegaron solos a Ceuta en la crisis migratoria de mayo desempeñó “un papel meramente interno de comunicación entre diferentes órganos administrativos” y señala a la Delegación del Gobierno y al Ejecutivo de la ciudad autónoma como responsables de esos traslados. En un auto hecho público este jueves, la Sala de lo Contencioso-Administrativo inadmite el recurso que una ONG presentó contra ese escrito y desvincula al Ministerio del Interior de la devolución irregular de decenas de menores solos a su país obviando la ley de Extranjería.
A juicio de los jueces, el “escrito” —en el que Interior rogaba que se procediera “a efectuar el retorno de lo menores al Reino de Marruecos, respetando en todo momento sus intereses y derechos”— “es una simple actuación interna” que “no proyectó efectos frente a terceros” y que, en consecuencia, “no es susceptible de impugnación”. E insisten en que aunque ese escrito “hubiera servido de base o fundamento” para realizar las devoluciones fue “a petición y por voluntad” de la Delegación del Gobierno. En este sentido, reiteran que, según la legislación vigente, son las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno las competentes para llevar a cabo las repatriaciones de menores no acompañados.
La Sala desoye también la petición de la Fiscalía, que pidió que se admitiera el recurso de la ONG al considerar que en la repatriación de los menores se prescindió «total y absolutamente» del procedimiento establecido y se vulneraron «trámites y garantías esenciales». No obstante, el Ministerio Público consideraba competente para su resolución a los juzgados de Ceuta, no a la Audiencia Nacional.
La devolución irregular de decenas de menores solos a su país obviando la ley de Extranjería colocó el pasado verano al titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el centro de las críticas de la oposición pero también de sus socios de Unidas Podemos, que lo adscriben al sector conservador de la judicatura. En agosto, la misma Sala que ahora ha inadmitido el recurso de la Asociación Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado argumentó que los retornos de menores solo pueden realizarse por los procedimientos «previstos y regulados detalladamente en la legislación española», lo que puso en cuestión la justificación de Interior de que esas devoluciones estaban sustentadas en un acuerdo bilateral con Marruecos sobre extranjería.
El documento que Interior usó como base para esas repatriaciones ya había sido puesto en cuestión por la Fiscalía, que en sus informes en los procedimientos abiertos en Ceuta acusó a Interior de devolver a los menores incumpliendo la «legislación de extranjería» y a través de un oficio «sin firma». También el fiscal de sala de Menores, Eduardo Esteban, pidió a Interior información sobre los traslados. Además, un email, adelantado por El Confidencial y al que tuvo acceso elDiario.es, prueba que Interior ordenó a la Delegación del Gobierno la devolución de los menores desde Ceuta cuando el departamento de Grande-Marlaska había defendido ante la Audiencia Nacional que no dio orden alguna, sino que se había limitado a «rogar» la aplicación del pacto.
La otra administración involucrada en las devoluciones, el Gobierno de Ceuta, admitió que el retorno de casi medio centenar de menores se hizo de una manera excepcional: sin darles voz y sin que hubiese informes individualizados sobre la situación de cada uno de ellos. Es decir, obviando la ley de Extranjería española y tomando como única guía el convenio con Marruecos. Tanto la Fiscalía, como el juzgado de Ceuta y la Audiencia Nacional han subrayado en varios escritos que el acuerdo con las autoridades marroquíes no puede pasar por encima de las leyes españolas.
