Después de trabajar durante lustros en distintos mataderos de todo el país, Mohammed Laghmari se vio de repente recogiendo cartones por la calle y comiendo de lo que le daban los servicios sociales. «No me avergüenza contarlo», señalaba este marroquí de 55 años durante una tarde de septiembre. «Me jodieron la vida, pero nunca perdí la dignidad».
Mohammed fue uno de los pocos que se rebeló contra las condiciones de «esclavitud» a las que se veían sometidos los migrantes que trabajan en los mataderos españoles. Las arrugas de su rostro ilustran la dureza de jornadas extenuantes y lesiones laborales, pero también las consecuencias de una lucha que le desgastó en lo personal. «Llegué a temer por mi vida y la de mi familia», asegura.
«Me vi de un día para el otro en la calle, sin indemnización ni derecho a paro, solo por reclamar nuestros derechos», abunda este marroquí, antiguo empleado del matadero Le Porc Gourmet en Osona (Catalunya), perteneciente al Grupo Jorge, uno de los mayores conglomerados del sector de la carne en España. La empresa, en un comunicado, resalta que fue la primera en todo el Estado en «internalizar directamente» a sus trabajadores.
Solo en 2020, el Grupo Jorge y sus filiales recibieron más de un millón de euros en subvenciones de la Unión Europea, según los datos del Fondo Español de Garantía Agraria. Un informe de la inspección de trabajo al que ha tenido acceso esta investigación, realizado en 2019, asegura que esta empresa donde trabajaba Mohamed, llamada Le Porc Gourmet, «atentó contra la dignidad de los trabajadores y sus más elementales derechos laborales y de seguridad social».
Las malas condiciones de trabajo de los mataderos salieron a la palestra en 2017, cuando buena parte de los empleados, en ese momento falsos autónomos, se movilizaron contra situaciones que rayaban la «semiesclavitud», según afirman los principales sindicatos. Años después, tras desaparecer del foco mediático, su situación apenas ha mejorado.
Desde el pasado junio, elDiario.es se ha sumergido en la dura realidad de los mataderos del sector porcino. En una investigación junto a Lighthouse Reports y La Marea, se han entrevistado a una veintena de empleados y exempleados de estos centros de trabajo –desde Catalunya hasta Andalucía, pasando por Castilla-La Mancha y Aragón– así como representantes sindicales, expertos jurídicos, médicos que atienden a estos trabajadores e inspectores de sanidad. También se han obtenido y analizado documentos judiciales e informes de la inspección de trabajo.
De la investigación se desprende que, a pesar de que ha habido ligeras mejoras, los mataderos siguen siendo uno de los peores lugares del país para trabajar. Un lugar en el que prácticamente todos los empleados son migrantes que se enfrentan a duras condiciones y accidentes laborales, con miles de trabajadores fuera del convenio colectivo del sector. Un lugar en el que impera el miedo. «Nadie se atreve a quejarse de nada», explica Moses, nigeriano que trabaja en el matadero ICP de Zaragoza y que pide que no se revele su apellido. «Todo el mundo tiene miedo a perder el trabajo».
Todo esto ocurre, en muchas ocasiones, en empresas o filiales que reciben cada año subvenciones millonarias de la Unión Europea y del Estado a pesar de que en su interior se han producido abusos laborales. Solo en 2020, las empresas del sector porcino recibieron más de 32 millones de euros de la Unión Europea entre ayudas directas e indirectas, según los datos del Fondo de Garantía Agraria.
Los empleados consultados aseguran que el racismo sigue siendo rampante, las amenazas son habituales y la prevención de riesgos laborales escasa. «He visto accidentes que ni siquiera te puedo contar», señalaba un empleado de otro matadero, que pedía no ser citado ni mencionar su empresa para hablar de lo que ocurre dentro.
Al menos 12 personas que trabajan en los mataderos hablan de un fenómeno que los sindicatos principales no han denunciado públicamente y las empresas niegan que ocurra: aseguran que en buena parte de los mataderos hay gente trabajando sin papeles. Lo hacen, según explican, «alquilando» los papeles a otros migrantes en situación regular.
Las cifras que se pagan para poder trabajar coinciden en todos los testimonios. «Los que no tienen papeles pagan entre 200 y 300 euros al mes a compañeros con el permiso de residencia para así poder trabajar», asegura Kalidou Balde, senegalés de 44 años que trabaja en el matadero catalán Mafriges. «Las empresas están llenas de gente sin papeles, son trabajadores que no se pueden quejar porque están en situación irregular», asegura Montse Castañé, empleada del matadero Esfosa, en Vic, y delegada del sindicato COS.
Si se mira a la piel de estos empleados, es sencillo observar ejemplos muy gráficos de la dureza y el riesgo del trabajo en los mataderos: prácticamente todos muestran diversas cicatrices repartidas por el cuerpo, consecuencia de un trabajo repetitivo, a un ritmo desbocado y con herramientas peligrosas.
Bajo condición de anonimato, un médico que atiende a trabajadores en una mutua privada en Catalunya, un inspector de sanidad de Castilla-La Mancha y un veterinario que trabajó durante 13 años para un gran conglomerado cárnico en Granada describen una situación similar: la prevención de riesgos laborales es insuficiente y los accidentes son habituales en estos puestos de trabajo.
«Atiendo cada semana cortes profundos en la mano, en el antebrazo y contusiones en diferentes partes del cuerpo», explica el médico que trata a empleados de un conocido matadero en Catalunya. «Los trabajadores vienen regularmente con tendinitis crepitantes, muy graves, con agua en los tendones, una lesión que nunca he visto en gente de aquí, sólo entre los trabajadores migrantes de los mataderos», continúa este facultativo, que añade que buena parte de sus pacientes no se pueden comunicar en español.
«La prevención de riesgos laborales deja mucho que desear», explica el veterinario que hasta el año pasado trabajó en Granada para el Grupo Fuertes, otro conglomerado que ostenta marcas como El Pozo y que recibió en 2020 más de cuatro millones de euros de la UE. «Solo el 20% de los trabajadores estaban entrenados en el uso de productos químicos para los animales, a pesar de que los usaban casi todos los empleados».
«Muchos trabajadores sufren lesiones por golpes de los animales, ya que los matan antes de ser sedados del todo», añade el inspector de sanidad de Castilla-La Mancha, sobre un tipo de lesión que también confirma el médico de Catalunya. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) publicó un dictamen en 2020 en el que señalaba la «falta de capacidades y de formación» del personal que trabaja en los mataderos europeos y las consecuencias que esto tenía en el sufrimiento animal.
Todos los empleados entrevistados aseguran que la formación en riesgos laborales se hace una vez al año y solo en español, un idioma que buena parte de los trabajadores ni siquiera entiende. «Tenemos un problema serio con la prevención de riesgos laborales», admite Sebastián Serena, responsable nacional de UGT para la industria agroalimentaria.
«La gente hace ver que lo entiende todo, después vuelven a la cadena y preguntan a sus compañeros que hablan un poco de español por cómo deben trabajar», explica Castañé, una de las pocas españolas que trabajan en estos recintos.
Desde Le Porc Gourmet confirman que sus clases de prevenciones de riesgos laborales se dan solo en español. «Con el fin de facilitar a todos los trabajadores la comprensión de los cursos, se utilizan fotografías e imágenes para facilitar su comprensión y los técnicos realizan traducciones o utilizan traductores si es necesario». Explican que, además, al final de las formaciones los empleados realizan unos cuestionarios para asegurarse de que han entendido los cursos.
Desde el Grupo Fuertes confirman que sus clases de prevención de riesgos laborales solo se imparten en español. «No hemos tenido necesidad de impartir formación en otro idioma puesto que los trabajadores son castellanoablantes», explican en un comunicado. Aseguran que las clases se realizan «tanto en el momento de la contratación» como «cuando se producen cambios de funciones o incorporación de nuevos equipos». «La formación que se realiza es teórico-práctica», señalan.
«Todo nuestro personal está cualificado. El uso de productos químicos en la industria cárnica se limita a las tareas de limpieza e higienización de instalaciones o máquinas, al uso de biocidas de uso ganadero para desinfección o medicamentosos. En todos los casos, el personal está formado en el manejo y manipulación de este tipo de productos para las responsabilidades que tienen encomendadas en función de las necesidades del puesto», añaden en el comunicado.
Tanto la normativa española como la comunitaria de prevención de riesgos laborales señalan la obligación de las empresas de «asegurar la seguridad y la salud de los trabajadores», así como de «adoptar las medidas necesarias» para que «solo los trabajadores que han recibido información suficiente y apropiada» accedan a trabajos de riesgo. La UE incluso señala este aspecto en la nueva Política Agrícola Común como uno de los condicionantes que pueden llevar a la retirada o suspensión de las subvenciones.
El otro factor que destaca el médico catalán es la dificultad para prescribir bajas laborales. «Cada vez que mando un informe a la compañía aseguradora recomendando una baja laboral, es rechazada», explica. «Esto solo me pasa con los empleados de los mataderos».
Según estos profesionales, las lesiones y accidentes que ocurren en el matadero son consecuencia de un alto ritmo de trabajo y falta de preparación. «La empresa solo se preocupa por los números», explica el exveterinario del Grupo Fuertes. «Los encargados fuerzan constantemente a los trabajadores a producir más».
Hasta 2018, buena parte de estos empleados eran falsos autónomos contratados a través de cooperativas de trabajo. Ese modelo permitía que encadenaran larguísimas jornadas de trabajo sin derecho a vacaciones. Tampoco podían cobrar finiquito ni prestación de desempleo en caso de ser despedidos o tomar una baja tras un accidente laboral. Si no trabajaban, no cobraban mientras que las empresas se ahorraban millones en costes sociales.
«La frase más habitual era que si no te gustaba algo te podías ir a la puta calle, donde había 50 personas esperando para entrar a trabajar», asegura Shariff Diao, que trabajó durante años para un matadero en Vic que posteriormente fue adquirido por el grupo Costa Food.
«Muchos empleados llegaban a trabajar con pañales porque ni siquiera les concedían tiempo para ir al lavabo», señala Juan Jiménez, secretario general de industria de CC.OO. para la zona de Vic. «Era una situación de semiesclavitud».
Las movilizaciones, huelgas y procesos judiciales, junto a una reforma legislativa en Catalunya en 2017, pusieron fin a este modelo en la mayoría de mataderos españoles. Los abusos, sin embargo, persistieron.
Las empresas encontraron una nueva manera de conseguir mano de obra barata sin derechos laborales: pasaron a subcontratar a todos los trabajadores a través de empresas multiservicios que no cumplen con el convenio del sector. Se calcula que en España ahora mismo hay entre 15.000 y 20.000 trabajadores de los mataderos que están subcontratados a través de estas compañías. El número es aproximado y ni siquiera los sindicatos son capaces de dimensionar este fenómeno que afecta a miles de empleados, la mayoría de ellos migrantes.
Con este nuevo recurso, los empleados siguen percibiendo salarios por debajo del convenio colectivo a pesar de hacer jornadas mucho más largas. Algunos, además, siguen pudiendo ser despedidos de un día para otro sin indemnización, explican desde los sindicatos. Por eso el miedo no se ha ido ni parece que se vaya a ir de los mataderos.
«Ahora ya no son falsos autónomos pero sus condiciones no han cambiado mucho», explica Sebastián Serena de UGT. «Tienen menos salario, más jornada, vacaciones limitadas y muchos menos derechos».
Tanto la federación europea de sindicatos de la alimentación (EFFAT) como la vicepresidenta de la Comisión de Empleo y Asuntos sociales del Parlamento Europeo, Katrin Langensiepen, han señalado que este modelo de subcontratación perpetúa los abusos laborales en el sector cárnico y debe acabar cuánto antes.
Los sindicatos mayoritarios y trabajadores que han participado en este reportaje también explican que el paso de las falsas cooperativas a las empresas multiservicio se aprovechó en ocasiones para arrebatar a los trabajadores la antigüedad, mejoras salariales o ascensos que habían obtenido en las empresas donde trabajaban.
Es lo que le ocurrió a Shariff Diao, que después de trabajar durante cinco años para un matadero a través de la cooperativa Actialiment, le obligaron a pasar a formar parte de una empresa que iba a subcontratar a los trabajadores. Cuando reclamó su finiquito o que le guardaran la antigüedad, la empresa le dijo que no tenía ningún derecho a estas reclamaciones. Fue despedido de manera fulminante tras presentar una demanda por cesión ilegal de trabajadores.
Algunas empresas incluso intentaron obligar a los empleados a adherirse a una nueva cooperativa fuera de Catalunya para burlar la ley catalana, como hizo el mencionado Grupo Jorge en abril de 2018. Los que no accedían a este cambio o reclamaban sus derechos, como Mohammed, también fueron despedidos sin ningún tipo de indemnización ni prestación de desempleo.
El mencionado informe de inspección laboral, realizado en ese momento y que confirma el relato de Mohammed, consideraba «insólito» el hecho de que una empresa pretendiera «determinar el régimen de la seguridad social que tienen que tener los socios de una cooperativa». Todo esto se hacía, siempre según este documento, para evitar «el notable incremento del coste laboral» que supondría tener que contratar a estos trabajadores. (Finalmente el grupo contrató a sus empleados para evitar una condena desfavorable por cesión ilegal de trabajadores, aseguran desde los sindicatos).
Hace dos meses, Kalidou Balde (Senegal, 44 años), intentó montar una sección sindical en el matadero Mafriges, donde trabaja desde hace unos años. «Lo primero que hicieron fue cambiarme a una pulidora, un trabajo muy peligroso por el que se necesitan al menos dos semanas de formación». Kalidou se negó. Finalmente ha sido trasladado a una parte de la cadena en la que no cobra tanto: su salario ha pasado de 1.700 euros a 1.300. La empresa para la que trabaja no ha respondido a las preguntas de este grupo de medios.
El resto de trabajadores captaron el mensaje. «Nadie más ha querido apoyar la idea de sindicarse desde entonces», afirma. «A veces parece que trabajemos para la mafia». Prácticamente todos los entrevistados aseguran que fueron amenazados con ser despedidos cuando intentaron montar secciones sindicales en sus empresas o se quejaron de algún abuso.
Algunos, como Kalidou Balde, han podido conservar su empleo aunque a costa de ser relegado a un puesto en el que cobra menos. Otros, como Mohammed, sufrieron amenazas por parte de sus responsables. «Acabarás en la cárcel o peor», le dijeron a Mohammed Laghmari cuando movilizó a los trabajadores de su matadero para exigir que todos los falsos autónomos fueran contratados.
Los comentarios racistas por parte de sus encargados –la mayoría, migrantes de Europa del este– también son habituales, explican los empleados consultados. Todos aseguran estar hartos de que sus encargados le llamen «eh» para dirigirse a él. «Les he recordado mil veces que tengo un nombre, que pueden preguntármelo si no lo saben», explica Hamza a la salida del matadero Esfosa (la empresa no ha respondido a las peticiones de comentario de este grupo de medios). «Me han dicho que me vaya a mi país prácticamente cada semana», añade Amadou Diamanka. «Nos ven como animales».
«La culpa de todo lo que pasa es el régimen de miedo», abunda Amadou Diamanka. «Si no estuviésemos tan asustados no nos pisarían de esta manera».
Ya desvinculado del sector porcino y con un empleo en una empresa energética, Mohammed mira atrás y recuerda un lustro de lucha que le dejó huella. Explica que llegó a organizar a los trabajadores para que le votaran como miembro del consejo rector de su falsa cooperativa. Pudo acceder a este consejo y ver de qué se hablaba en las reuniones y comidas en las que se decidía el futuro de centenares de empleados que eran vistos como un simple número.
«Me llegaron a ofrecer 13.000 euros si me iba de la empresa y abandonaba la lucha», asegura. (La empresa señala en un comunicado que esto no ocurrió). Mohammed se negó y se vio en la calle, sobreviviendo gracias al cartón, a los servicios sociales y a la caja de resistencia del sindicato en el que estaba afiliado.
«Les dije que se guardaran su dinero», concluye. «Antes que ser un vendido prefiero poderle mirar a la cara a mis hijos».
Respuesta íntegra de Le Porc Gourmet a las preguntas de elDiario.es
Respuesta íntegra del Grupo Fuertes a las preguntas de elDiario.es
source Miedo, accidentes laborales y racismo, la dura realidad del trabajo en los mataderos españoles
