La Comunidad de Madrid está evaluando el estado de los pagos a clínicas privadas a las que deriva a las mujeres que quieren interrumpir voluntariamente su embarazo en la región y admite que está habiendo retrasos en algunas transferencias. Así lo corroboran fuentes de la Consejería de Sanidad consultadas por elDiario.es, que apuntan a que el Servicio Madrileño de Salud está actualmente «revisando la situación de cada uno de los hospitales para agilizar los pagos que queden pendientes».
En la estadística que publica anualmente el Ministerio de Sanidad, y cuya última edición se ha hecho pública este martes, ningún hospital público aparece como centro que haya notificado abortos en 2020 en la región. El modus operandi es derivar los casos, incluso aquellos en los que hay riesgo para la vida, a los siete centros privados que notifican intervenciones. La administración asume el coste, es decir, las mujeres no pagan por la intervención.
Se trata del modelo imperante en España, donde solo el 15% de los abortos se realizan en centros públicos. Algunas comunidades han optado por el establecimiento de conciertos con las clínicas, pero en la Comunidad de Madrid es diferente: cada hospital, dependiendo de la zona sanitaria a la que pertenezca la mujer que acude a la clínica, «abona la cuantía de las intervenciones», por lo tanto, «no hay un pago centralizado desde el Servicio Madrileño de Salud», apunta el organismo.
Sin embargo, «puntualmente se pueden producir retrasos en el abono de algunas facturas por la prestación de este servicio dentro del trámite administrativo, pero no de forma generalizada en todos los hospitales», explican las mismas fuentes, que no aclaran qué hospitales son los que se están retrasando en los pagos. La Consejería de Sanidad reconoce, además, que las derivaciones desde los hospitales se producen «por objeción de conciencia de sus profesionales», como demuestran los testimonios de mujeres a las que les han negado abortar en hospitales públicos, como el de la mujer que lo intentó en el Hospital Clínico San Carlos, un caso difundido por la Cadena Ser.
De acuerdo con la respuesta que la Comunidad dio a Vox tras una petición de información, publicada por El País, en 2016 las arcas públicas transfirieron 3,4 millones de euros a las siete clínicas; 3,7 en 2017 y 3,8 un año después. A ello se suman las transferencias abonadas al Hospital Fundación Jiménez Díaz, que va aparte por ser un hospital concertado que pertenece al grupo Quirónsalud. Fueron 331.176,48 euros en 2016 y 325.886,40 en 2017.
Lorena Morales, diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid, denunció la situación el pasado jueves: «En la Comunidad de Madrid no podemos abortar en los hospitales públicos. Y a las clínicas de interrupción voluntaria del embarazo llevan meses sin pagarlas, poniéndolas en jaque», señaló la también portavoz en la Comisión de Mujer y Secretaria de Igualdad del PSOE-M. A lo mismo apuntó Comisiones Obreras este lunes, en la víspera del Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, en un comunicado en el que denuncia que la comunidad «violenta el derecho de las madrileñas al acceso a la interrupción voluntaria del embarazo». El sindicato asegura que la región «niega a las mujeres el derecho al aborto en los hospitales públicos» y entre otras cosas, «no paga clínicas privadas que realizan esta intervención».
El caso de Madrid ilustra parte de los obstáculos que aún persisten en España en el acceso al aborto y que motivan la reforma de la ley, aprobada hace 11 años, en la que está inmersa el Ministerio de Igualdad. Este mismo martes ha dado comienzo la consulta pública previa, el trámite oficial con el que arranca el proceso. El objetivo es garantizar la accesibilidad, gratuidad y equidad territorial. Y entre otros planes, el departamento dirigido por Irene Montero regulará la objeción de conciencia de los médicos mediante la puesta en marcha de un registro que permita conocer a las claras qué ocurre en cada hospital para reorganizar los servicios y permitir que las mujeres puedan acceder a los centros públicos.
source La Comunidad de Madrid admite retrasos en el pago a las clínicas que practican abortos